Richard Ordoñez | Revista
SOMOS CR
La Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) es una institución que
este año conmemora medio siglo de existencia. Su labor como ente rector ha
hecho posible que el país cuente con protocolos y esquemas organizativos que
permiten salvar vidas ante un fenómeno natural, basándose en la prevención.
Alexander Solís Delgado, Presidente de la CNE
El trabajo que realizan en
la CNE no es sencillo, ya que requiere de revisiones constantes de los marcos
de acción, trabajo en equipo con varias instituciones, educación para prevenir
desastres, e ingenio para atender los procesos de reconstrucción. Sobre estos
temas y la importancia de la responsabilidad de las municipalidades hablamos
con el Presidente de la CNE, don Alexander Solís Delgado y les compartimos la
entrevista a continuación.
¿Cuál es el estado actual de la Comisión Nacional de Emergencias en el
marco de los 50 años que están cumpliendo?
La CNE es una institución
que en el marco de los 50 años busca renovar algunos esquemas como la promoción
de un proceso de regionalización. En la actualidad, contamos con personas
encargadas de distintas regiones pero muchas de ellas viven en la meseta
central y viajan periódicamente a las zonas que tienen designadas, del mismo
modo, estas personas están a disposición por cualquier evento que pudiera
suscitarse. Funcionamos por medio de 90 comités municipales de emergencia.
Luego del cambio de visión
sobre los desastres naturales a mediados de 1990, la CNE deja de ser tan
atencionista y asume el papel de promotora de los procesos de gestión de riesgo
en el entendido de que éstos deben ser inherente al desarrollo. Por ejemplo, si
usted vive en una zona sísmica, tiene que hacerlo con normas y especificaciones
que le permitan vivir seguro. A inicios de los 90s la CNE formaba paramédicos e
impartía cursos de rescate, pero posteriormente se pone más atención en investigación,
fortalecimiento de los gobiernos locales y trabajar sobre temas de ordenamiento
territorial (prevención y mitigación). Es en ese momento que la Cruz Roja y el
Cuerpo de Bomberos comienzan a prepararse según esta visión y se convierten en
lo que son en la actualidad. De hecho, la creación de la línea de emergencia
911 es una iniciativa de la CNE y, un año después de su implementación, se le
encarga su gestión al Instituto Costarricense de Electricidad.
Cuando se promulga la Ley
8488 en el 2006, se toman en cuenta las acciones que se venían desarrollando y
se crea un concepto mucho más integral de la gestión de riesgo replanteando
algunos elementos de lo que se conoce como amenazas y vulnerabilidades, e
indica que el país tiene tres subsistemas (gestión de riesgos, preparativos y
respuesta, y reconstrucción). En estos subsistemas se incluyen diferentes
factores formativos de la sociedad y, en especial, se hace énfasis en la
necesidad de modelos más participativos de los municipios. Con esta ley se
indica que los alcaldes son los coordinadores de los comités de emergencias.
Para este momento se tenía
una estructura nacional transformada, pero con una estructura institucional
centralizada. Lo que hoy tenemos es un oficial de enlace destacado en cada
región con la tarea de crear, asesorar y darle mantenimiento a los comités
regionales de emergencia, además de apoyar en los comités comunales, asesorar a
los alcaldes, dar seguimiento a la reconstrucción, entre otras tareas. En otras
palabras, el oficial tiene que ser un gestor de todos los procesos. Pero
adicionalmente, tiene que estar aproximadamente una semana en San José para que
atienda la disponibilidad que se le solicita.
Nosotros necesitamos tener un
gestor de este tipo en la región pero también necesitamos a los oficiales de
enlace que son quienes van a apoyar el proceso de regionalización. Con la ley
del 2006, se nos faculta para darle más atención al abordaje integral de la
gestión de riesgo por medio de la regionalización.
¿Cómo se ha trabajado el proceso de modernización en la CNE?
En los últimos años fue
necesaria una preparación para evolucionar y actualizarse en los modelos de
atención. En este momento estamos abordando uno de los retos más importantes
que ha sido digitalizar toda la red de radio. Este mes de diciembre estamos
haciendo el cambio a los enlaces digitales porque aún estamos trabajando en
analógico. La red analógica no resta capacidad de respuesta pero limita la
posibilidad de un mayor desarrollo. Con una red digital se puede georeferenciar
un punto de amenaza o de emergencia cuando el operador del equipo móvil utiliza
el radio. Desde un radio podemos enviar informes aunque la red de internet esté
caída. Aunque hoy se utilizan mucho los teléfonos inteligentes, los servicios
de emergencias se manejan principalmente por la comunicación radial.
Otro reto importante es
dotar al país de un centro de operaciones de emergencias. En este momento la
CNE no cuenta con una instalación con todas las facilidades necesarias. Un
lugar así debe tener mesas operativas de asistencia humanitaria y logística,
otra de búsqueda y rescate, otra de infraestructura, otra de salud, etc. Un
centro de este tipo es una instancia de coordinación institucional. Lo más
parecido a lo que necesitamos sería el F5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica. El Presidente de la República nos ha encargado al INS y a la CNE
para dotar al país de un centro operaciones de este tipo.
¿Cómo valora los resultados del Foro Anual de Gestión de Riesgo?
En el marco de los 50 años
de la institución, y a partir de una responsabilidad que tenemos en el marco de
la ley de emergencias que es desarrollar un Foro Anual de Gestión de Riesgo,
cambiamos un poco el modelo para analizar tres elementos: componente técnico
científico para la reducción de riesgo, el marco para la política pública, y el
análisis sobre el marco jurídico actual y su aplicabilidad para los próximos 50
años. Este foro lo realizamos en agosto con la participación de más de 400
personas y dentro de las principales conclusiones fueron que, en términos de
políticas públicas, tenemos avances muy grandes ya que somos el primer país que
adaptó su política pública al Marco de Sendai (que incorpora desarrollo
sostenible y el concepto de resiliencia). También determinamos que tenemos que
fortalecer la evaluación de los indicadores para avanzar más en reporte,
monitoreo y acciones.
En lo que respecta a avances
técnicos-científicos, hay un repunte importante porque la nueva ley crea un
financiamiento para esta labor. Así, una parte del presupuesto de la CNE va
para el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), a la
Red Sismológica Nacional, al Laboratorio de Energía Sísmica y al Instituto Meteorológico
Nacional, con el fin de fortalecer la investigación.
En este foro también se
llegó a la conclusión de que uno de los puntos más débiles que tenemos es el
fondo nacional de emergencias porque si bien es cierto estamos más avanzados
que otros países de la región, nuestro fondo está pegado al presupuesto
nacional, por lo tanto, está vinculado a la deuda. Entonces, cualquier acción
que desarrollemos tiene un impacto significativo en las finanzas públicas.
Tomando como referencia lo invertido en los huracanes Otto y Nate se utilizó
entre 1.4% y 1.7% de producto interno bruto.
Cuando ingresé a la
institución, la CNE tenía aproximadamente 348 mil millones de colones en planes
de reconstrucción sin financiamiento. El Presidente gestionó y la Asamblea
Legislativa aprobó para el 2019 un monto de inversión de 46 mil millones de
colones para acelerar la reconstrucción, principalmente, de los efectos de los
huracanes Nate y Otto. Hemos priorizado la reconstrucción de puentes, diques y
estabilización de taludes.
Una opción de mejora a nivel
financiero para enfrentar los casos de reconstrucción es gestionar un crédito
contingente con una entidad internacional que se use únicamente para este tipo
de casos. Lo que sucede es que por la situación fiscal actual del país, no
somos elegibles para este tipo de crédito. Sin embargo, los organismos
internacionales han indicado que hemos dado señales de mejora, lo que nos haría
elegibles para este tipo de financiamiento en un futuro cercano.
¿Cuál es el papel de las municipalidades en este proceso de
regionalización de la CNE?
Este modelo de
desconcentración busca que la CNE se acerque más a las municipalidades. Hemos
creado una estrategia de fortalecimiento de la gestión de riesgo a nivel
municipal. Ya hemos firmado unos convenios especialmente en Guanacaste para
trabajar en conjunto con el IFAM y el MIDEPLAN. Estos convenios los vamos a
montar sobre un modelo japonés que se enfoca en la identificación del riesgo,
identificación del riesgo residual, formulación de proyectos y un plan de
sostenibilidad. Esto nos va a permitir apoyar a 10 municipalidades por año para
crear un plan maestro de gestión de riesgo con el fin de que ellas mismas definan
sus zonas más vulnerables, sus mayores peligros indicando cómo lo van a
controlar desde el ordenamiento territorial hasta las obras de mitigación.
Nosotros financiamos el plan y, por medio del MIDEPLAN y del IFAM, buscamos el
financiamiento para las obras.
¿Y con las comunidades?
La CNE está apostando a la
comunidad. Por este motivo es que realizamos el simulacro nacional de
convocatoria global. Hay países en los que se hace un simulacro nacional pero
solo participa una comunidad por cantón o algunas instituciones. En nuestro
caso, convocamos a todas las poblaciones incluidas las mascotas. Esto nos ayudó
a constatar que, en general, estamos muy bien organizados en los centros de
trabajo, instituciones pero principalmente en las escuelas tanto públicas como
privadas. Sin embargo, en los hogares no hay tanta preparación. De ahí que
lanzamos la campaña “Costa Rica se prepara”.
Hemos firmado un convenio
con la Cruz Roja Costarricense para aplicar la metodología Análisis de Amenazas,
Vulnerabilidades y Capacidades (AVC), posteriormente se aplicarán otros
módulos. Lo hemos trabajado con comunidades indígenas en Buenos Aires y también
en el Caribe. Por otro lado, estamos trabajando con 25 comunidades costeras
para crear mapas de amenazas por Tsunami, esto con el apoyo del Sistema
Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot) de la Universidad Nacional. Para
junio del 2020 vamos a certificar a cinco comunidades como Tsunami Ready, una
certificación de la Unesco que se les otorga a las comunidades que cumplen con
todos los parámetros necesarios para enfrentar un fenómeno de este tipo.
Paralelamente tenemos el
Proyecto Bosai, un proyecto japonés que se está aplicando en cuatro cantones
del Área Metropolitana (Alajuelita, Aserrí, Escazú y Desamparados). De este
proyecto, tenemos 73 líderes y liderases comunales. La comunidad es el primer
respondedor ante una emergencia, no las instituciones. ¿Por qué? Porque si se
cae un puente y una comunidad queda aislada sin el apoyo institucional, es la
comunidad la que tiene que reaccionar mientras se levante ese acceso.
En un contexto internacional, ¿cómo evalúa la capacidad del país para
enfrentar emergencias de gran magnitud?
Realmente estamos bien.
Estaríamos excelente si en el simulacro nacional hubieran participado 3.5
millones de personas en lugar de 1.300.000. El factor diferenciador ha sido que
desde la década de 1990 comenzamos a preparar comunidades. Por ejemplo, con el
Huracán Mitch en 1998, hubo ocho víctimas cuando en el resto de Centroamérica
se contabilizaron más de 11.000 y algunos países retrocedieron dos décadas en
desarrollo. La gran diferencia se dio en el momento en el que teníamos más de
8.500 personas en albergues antes de que el huracán impactara. Esto no sucedió
en otros países. Con el Huracán César, hubo aproximadamente 40 fallecidos pero
evacuamos a más de 16.000 personas. Cuando hablamos de personas evacuadas se contabiliza
solo a personas en albergues, no a quienes se van por sus propios medios a
otros sectores. La educación y el acceso a la información son claves para
salvar vidas.
¿Cómo es trabajar articuladamente con entes como Bomberos, Cruz Roja,
Fuerza Pública, Ministerio de Salud, etc., en la atención de una emergencia?
Trabajar en esta
articulación institucional en respuesta y gestión de riesgo yo lo definiría
como lo mejor que le puede pasar a uno, porque es ahí cuando vemos el
significado verdadero del trabajo en equipo.
En el momento de la
emergencia somos un solo equipo. Es impresionante la forma en que en el país
hemos logrado articular a las instituciones. Ellas responden de forma inmediata
y por propia iniciativa. Quienes estamos metidos en esto disfrutamos lo que
hacemos, amamos lo que hacemos y esto facilita mucho el ejercicio del liderazgo
porque hay una mística de fondo. El Presidente siempre nos dice algo: “No es
por las instituciones, es por las personas”. Del mismo modo, cuando asumimos
nuestras responsabilidades, nos generó una instrucción basada en seis
principios: trabajo en equipo, seguimiento feroz, agilidad y velocidad,
trabajar a partir de lo que nos une, “sí se puede”, y trabajar por el bienestar
del mayor número de personas priorizando las más vulnerables. En la década de
los 90s, la CNE creó que lema que estamos tratando de reposicionar: “Enlace de
esfuerzos”.
¿Cuáles son los principales proyectos de la CNE a futuro?
Los proyectos futuros más
importantes para la CNE, primero que todo, es el modelo de desconcentración de
la gestión de riesgo trabajando más con municipalidades y con comunidades. Esto
es indispensable para la regionalización. También está el dotar al país de un
centro de operaciones de emergencias, aunado a un plan de preparativos y
respuesta. Por otro lado, queremos redefinir el plan de reconstrucción porque
los montos pendientes de invertir son muy altos, por lo que es necesario
diseñar el instrumento financiero que nos permita atender los desastres a
futuro sin generar deuda pública; este es un proyecto complejo y de largo plazo
porque implica invertir más en prevención y menos en reconstrucción, esto es
adaptación especialmente en términos de cambio climático.
Empresas que felicitan a la CNE
en su 50 aniversario:
